La Curia guayaquilena enfrenta Litigio Laboral

Miércoles, 8 Octubre   

2 trabajadores, con más de 15 y 20 años de labores, pugnan en los tribunales por una justa indemnización.

Han transcurrido casi tres años desde que Daniel Veloz Simarra, de 57 años, y Julio Andrade Molina, de 44, fueron despedidos de su trabajo como conserjes del complejo parroquial San Esteban Diácono, ubicado en la ciudadela Guangala,  al sur de Guayaquil, por parte del padre César Piechestein García.

Durante este tiempo, Veloz y Andrade no han trabajado y sobreviven de la contribución de los vecinos. Moran en pequeñas y maltrechas casuchas de madera, ubicadas en un predio adjunto a la iglesia de propiedad de la Congregación de Misioneras Religiosas de Santa Marina de Dios.

La discapacidad física de Veloz -utiliza zapatos ortopédicos por una artrosis en la cadera- y la deficiencia mental de Andrade -agravada a raíz de una severa caída cuando limpiaba una cisterna-  no fueron impedimento para que, durante 15 y 20 años, respectivamente, prestaran, de manera ininterrumpida, sus servicios a favor de la parroquia, a la que, según ellos, vieron crecer y progresar.

El vía crucis de Veloz y Andrade comenzó en octubre de 2005, cuando fueron separados de sus funciones.

Los obreros relataron que fueron empleados por el párroco Ángel Caicedo, quien aparte de brindarles un techo les pagaba US$ 120 mensuales por la guardianía y mantenimiento del inmueble.

“Cuando llegó el sacerdote nuevo, lo primero que hizo fue botarnos. Acudimos a pedirle que nos devolviera el trabajo y nos respondió: Cura nuevo, personal nuevo”, relató Veloz, quien agregó que Piechestein ha contratado gente nueva a la que tiene asegurada.

Ninguno de los dos manifestó haber recibido algún beneficio durante el tiempo en que laboraron para la Arquidiócesis de Guayaquil.

El abogado Jorge Medina, que reside en el mismo sector, decidió asesorarlos y plantearon una demanda contra la Curia. El caso se ventiló en el Juzgado Tercero de Trabajo, en el que el juez dictó sentencia mediante la cual ordenaba que a Veloz se le pagara US$ 6.740 y a Andrade Molina, US$ 4.622.

Estos fallos fueron apelados por la Curia y los casos cayeron en la Primera y Segunda Sala de lo Laboral. Esta última (sala) resolvió a favor de Andrade, pero el fallo nuevamente fue apelado.

La abogada Gladys Alvear, de la Arquidiócesis de Guayaquil, dijo que los demandantes nunca tuvieron relación laboral con la Curia, es decir que no existe documento o contrato que respalde su situación.

“Lo que pasó fue que el párroco anterior les tendió una mano al acomodarlos en el interior del complejo y ellos, en retribución al apoyo, hicieron favores, como mandados, limpieza y como guardianes, ya que ahí dormían. A su llegada, el padre Piechestein revisó los registros y como vio que no constaban (Veloz y Andrade), decidió separarlos.

Los demandantes no han sido consecuentes con su propia realidad. Al parecer, están  mal asesorados y se han aprovechado de la situación para sacar ventaja y han escogido un mal camino para esto.

“No se trata de que se los quiera estafar o que hayan sido maltratados, sencillamente son formas de pedir mal las cosas”, dijo Alvear.

Mientras tanto, Veloz y Andrade permanecen en sus endebles moradas, ante el constante reclamo del sacerdote, quien, según los demandantes, aprovecha la mínima oportunidad para recriminarles por su estadía en el lugar y con voz despectiva les pregunta: “¿Qué esperan para largarse?”.